El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió este sábado un diálogo para reformar los aumentos decretados al sistema de pensiones que continuaban provocando violentas protestas, con un saldo de 10 muertos, heridos, destrucción y saqueos.

Pero el gremio empresarial respondió advirtiendo que "no puede haber un diálogo" si el gobierno "no cesa de inmediato la represión policial", respeta la libertad de manifestación y de prensa.

El gobierno está "totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz, para la estabilidad para el trabajo, para que nuestros país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos", afirmó Ortega en cadena televisiva nacional.

El mandatario no dio fecha para inicio del diálogo, propuesto el viernes por los empresarios, pero se mostró dispuesto a modificar el decreto sobre las reformas de pensiones.

Ortega denunció, sin precisar nombres, que las protestas son alentadas por grupos políticos críticos de su gobierno y que reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos.

Lo hacen para "sembrar el terror, sembrar, la inseguridad", "destruir la imagen de Nicaragua, tras "11 años de paz"" y "tomar el gobierno", fustigó.

 

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-Que cese represión-
Tras el discurso del mandatario, el primero desde que el miércoles iniciaron las virulentas manifestaciones, cientos de jóvenes chocaron nuevamente con policías antimotines en la capital.

Con los rostros cubiertos con camisetas, los manifestantes levantaron barricadas sobre las calles y lanzaron piedras a los policías que los reprimían con gases lacrimógenos.

"¡Si así es que piensa el gobierno que se arreglan las cosas, así va a hacer!", dijo enardecido un joven.

"Alto a la violencia y la represión", demandó la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, en una declaración.

Las marchas continuaron en Managua y otras ciudades como Matagalpa, Camoapa, León, Carazo, y Bluefields, uno de los principales centros del Caribe.

Las protestas, unas de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, estallaron debido al aumento de las cuotas patronales y laborales que buscan saldar un millonario déficit del seguro social, lo que se sumó a un descontento generalizado por la situación económica en el país, según analistas.

Soldados armados con fusiles custodian oficinas públicas en Managua, así como en la norteña ciudad de Estelí, brindando "protección a entidades y objetivos estratégicos" del país, indicó el ejército.

La jornada de protestas causó daños en el Ministerio de Juventud, el edificio del Seguro Social, la Universidad de Ingeniería y la oficialista Radio Ya, en Managua.

En las ciudades de León y Masaya hubo "quema de vehículos particulares, saqueo y destrucción de edificios públicos" y robos en centros comerciales, denunció el gobierno.

Mientras, la oposición informó de la quema parcial, en la noche del viernes, de Radio Darío en la ciudad de León.

Amnistía Internacional dijo en una declaración que la respuesta "violenta de las autoridades a estas demostraciones tiene implicaciones profundamente perturbadoras para derechos humanos en Nicaragua".



-La gente pide cambios-
Analistas y la cúpula empresarial coinciden en que las protestas "van más allá del descontento de las reformas del sistema de pensiones".

"No se había visto esto desde hace años en Nicaragua", dijo a AFP Carlos Tünnermann, exembajador de Nicaragua ante la OEA y Estados Unidos.

A su juicio, que las protestas se hayan dado "en casi todas las ciudades del país, en todas las universidades y que hayan sido reprimidas con violencia por el gobierno significa que hay un malestar de la población no solo por las reformas, sino por la forma en que se ha conducido el país".

Según expertos, la población ha soportado en silencio el encarecimiento de la vida por las constantes alzas de los combustibles y de las tarifas de luz, despidos en el sector público y reducción de beneficios sociales a raíz de la caída de la cooperación venezolana.

"El reclamo central de la gente es que ya no quieren este gobierno, hay un rechazo total hacia este gobierno", coincidió el sociólogo y académico universitario Cirilo Otero en declaraciones a la AFP.

Las reformas buscan saldar un déficit de más de 76 millones de dólares que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ortega, quien gobernó por primera vez durante la revolución que el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) en la década de los 80, retornó al poder en 2007 y fue reelecto en 2011 y en 2016 en medio de denuncias de procesos electorales amañados, según la oposición.